Las regulaciones ambientales son un conjunto de normas y principios que tienen por objetivo proteger el medio ambiente y la salud humana de los posibles impactos negativos del comercio internacional. Estas regulaciones pueden tener efectos positivos o negativos sobre el comercio internacional, dependiendo de su diseño, implementación y cumplimiento. Por un lado, pueden contribuir a mejorar el desempeño ambiental de los países, a fomentar la innovación y la competitividad, a facilitar el acceso a mercados verdes, a promover la cooperación y el diálogo entre los actores comerciales, y a apoyar el desarrollo sostenible. Por otro lado, pueden generar costos adicionales para los productores y consumidores, crear barreras técnicas o no técnicas al comercio, distorsionar la competencia, provocar fugas de carbono o deslocalización de actividades contaminantes, y generar conflictos o disputas comerciales.
China, México y España son tres países con diferentes niveles de desarrollo, estructuras económicas, perfiles comerciales y compromisos ambientales, que han adoptado
China ha adoptado diversas regulaciones ambientales en el ámbito del comercio internacional, tanto de forma unilateral como multilateral. Entre las medidas unilaterales se destacan las siguientes:
El Sistema de Gestión Ambiental de las Importaciones y Exportaciones, que regula el comercio de productos sujetos a restricciones o prohibiciones ambientales, como los residuos peligrosos, los productos químicos tóxicos, los productos que contienen sustancias agotadoras de la capa de ozono, los productos forestales, los productos de vida silvestre, etc.
El Sistema de Certificación Ambiental de China (CEC), que es un sistema voluntario de etiquetado ecológico que se aplica a más de 100 categorías de productos, como electrodomésticos, materiales de construcción, textiles, papel, muebles, etc., y que establece requisitos de calidad ambiental, eficiencia energética, emisiones, reciclaje, etc.
Entre las medidas multilaterales se destacan las siguientes:
El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que fue ratificado por China en 2016 y que establece el compromiso de contribuir al objetivo global de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C, y de esforzarse por limitarlo a 1,5°C.
El Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones (ACFI), que es un acuerdo regional impulsado por China y que entró en vigor en 2020, que incluye un capítulo sobre cooperación en materia de desarrollo sostenible, que abarca aspectos como la protección ambiental, la responsabilidad social corporativa, la transparencia, la consulta pública, etc.
El Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que es un acuerdo de libre comercio entre 15 países de Asia y el Pacífico, que entró en vigor en 2021, y que contiene un capítulo sobre cooperación económica y técnica, que aborda temas como el cambio climático, la eficiencia energética, las energías renovables, la gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad, etc.
El Acuerdo sobre las Indicaciones Geográficas entre China y la Unión Europea, que entró en vigor en 2021, y que protege 100 indicaciones geográficas europeas y 100 indicaciones geográficas chinas contra las imitaciones y la usurpación de nombre, promoviendo así la calidad y la diversidad de los productos agrícolas y alimentarios, así como el respeto al medio ambiente y a las tradiciones locales.
Los principales desafíos que enfrenta China en materia de regulaciones ambientales en el comercio internacional son los siguientes:
Armonizar sus normas y estándares ambientales con los de sus socios comerciales, especialmente con los de la Unión Europea y Estados Unidos, que tienen niveles más altos de exigencia y protección.
Mejorar el cumplimiento y la aplicación de sus regulaciones ambientales, tanto a nivel nacional como provincial y local, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la supervisión, el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.
Aumentar la participación y la consulta de los actores interesados, como el sector privado, la sociedad civil, las comunidades locales, los expertos y los medios de comunicación, en el diseño, la implementación y la revisión de las regulaciones ambientales.
Promover la cooperación y el diálogo con sus socios comerciales, especialmente con los países en desarrollo, para facilitar el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas, tecnologías y recursos financieros en materia de comercio y medio ambiente.
México
México es la decimoquinta economía y el duodécimo exportador e importador del mundo, con una participación del 2,1% en el comercio mundial de mercancías en 2020. Su comercio se basa principalmente en productos manufacturados, especialmente de la industria automotriz, electrónica, aeroespacial y farmacéutica, y en menor medida en productos primarios, como petróleo, minerales, productos agrícolas o pesqueros. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Canadá, China, la Unión Europea y Japón.
México es el decimotercer emisor de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo, con el 1,6% de las emisiones globales en 2019. Su intensidad de carbono, es decir, la cantidad de emisiones por unidad de producto interno bruto (PIB), es una de las más bajas de América Latina, debido a su diversificación energética y a su mayor eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, México también enfrenta retos ambientales importantes, como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la gestión de residuos, la vulnerabilidad al cambio climático, etc.
México ha adoptado diversas regulaciones ambientales en el ámbito del comercio internacional, tanto de forma unilateral como multilateral. Entre las medidas unilaterales se destacan las siguientes:
La Ley General de Cambio Climático, que establece objetivos y políticas para mitigar y adaptarse al cambio climático, como reducir las emisiones de GEI en un 30% para 2020 y en un 50% para 2050 respecto a los niveles de 2000, aumentar la participación de las energías limpias en la generación eléctrica al 35% para 2024 y al 50% para 2050, y crear un fondo verde nacional para financiar proyectos de mitigación y adaptación.
El Sistema de Comercio de Emisiones, que se inició en 2020 como un programa piloto de tres años, cubriendo a los sectores de energía y de industria con emisiones superiores a 100 mil toneladas de CO2 al año, y que se espera que se convierta en un sistema obligatorio y vinculante a partir de 2023, con la posibilidad de vincularse con otros sistemas regionales o internacionales.
El Sistema de Gestión Ambiental de las Importaciones y Exportaciones, que regula el comercio de productos sujetos a restricciones o prohibiciones ambientales, como los residuos peligrosos, los productos químicos tóxicos, los productos que contienen sustancias agotadoras de la capa de ozono, los productos forestales, los productos de vida silvestre, etc.
El Sistema Mexicano de Etiquetado Ecológico (SMEC), que es un sistema voluntario de etiquetado ecológico que se aplica a más de 20 categorías de productos, como electrodomésticos, materiales de construcción, textiles, papel, pinturas, etc., y que establece requisitos de calidad ambiental, eficiencia energética, emisiones, reciclaje, etc.
Entre las medidas multilaterales se destacan las siguientes:
El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que fue ratificado por México en 2016 y que establece el compromiso de contribuir al objetivo global de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C, y de esforzarse por limitarlo a 1,5°C.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que es un acuerdo de libre comercio que entró en vigor en 2020, y que sustituye al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El T-MEC incluye un capítulo sobre medio ambiente, que establece obligaciones y compromisos para proteger y mejorar el medio ambiente, prevenir y reducir la contaminación, conservar la biodiversidad, combatir el cambio climático, promover el desarrollo sostenible, etc.
El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, que entró en vigor en 2000, y que incluye un capítulo sobre cooperación en materia de medio ambiente, que aborda temas como el cambio climático, la gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad, la calidad del aire, el agua y el suelo, etc.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que es un acuerdo de libre comercio entre 11 países de Asia y el Pacífico, que entró en vigor en 2018, y que contiene un capítulo sobre medio ambiente, que establece obligaciones y compromisos para proteger y mejorar el medio ambiente, prevenir y reducir la contaminación, conservar la biodiversidad, combatir el cambio climático, promover el desarrollo sostenible, etc.
Los principales desafíos que enfrenta México en materia de regulaciones ambientales en el comercio internacional son los siguientes:
Implementar y cumplir con las regulaciones ambientales de forma efectiva y eficiente, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la supervisión, el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.
Armonizar y actualizar sus normas y estándares ambientales con los de sus socios comerciales, especialmente con los de Estados Unidos y Canadá, que tienen niveles más altos de exigencia y protección.
Aumentar la participación y la consulta de los actores interesados, como el sector privado, la sociedad civil, las comunidades locales, los expertos y los medios de comunicación, en el diseño, la implementación y la revisión de las regulaciones ambientales.
Promover la cooperación y el diálogo con sus socios comerciales, especialmente con los países en desarrollo, para facilitar el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas, tecnologías y recursos financieros en materia de comercio y medio ambiente.
España
España es la decimocuarta economía y el decimosexto exportador e importador del mundo, con una participación del 1,9% en el comercio mundial de mercancías en 2020. Su comercio se basa principalmente en productos manufacturados, especialmente de la industria automotriz, química, farmacéutica y de maquinaria, y en menor medida en productos primarios, como productos agrícolas, pesqueros o energéticos. Sus principales socios comerciales son la Unión Europea, Estados Unidos, China, Marruecos y Turquía.
España es el decimoséptimo emisor de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo, con el 1,2% de las emisiones globales en 2019. Su intensidad de carbono, es decir, la cantidad de emisiones por unidad de producto interno bruto (PIB), es una de las más bajas de la Unión Europea, debido a su mayor eficiencia en el uso de los recursos y a su transición energética hacia las energías renovables. Sin embargo, España también enfrenta retos ambientales importantes, como la desertificación, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la gestión de residuos, la vulnerabilidad al cambio climático, etc.
España ha adoptado diversas regulaciones ambientales en el ámbito del comercio internacional, tanto de forma unilateral como multilateral. Entre las medidas unilaterales se destacan las siguientes:
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece objetivos y políticas para mitigar y adaptarse al cambio climático, como reducir las emisiones de GEI en un 23% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050, aumentar la participación de las energías renovables en el consumo final de energía al 42% para 2030 y al 100% para 2050, y crear un fondo verde nacional para financiar proyectos de mitigación y adaptación.
El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS), que es un sistema obligatorio y vinculante que cubre a los sectores de energía, industria y aviación, y que establece un límite máximo de emisiones de CO2 que se reduce progresivamente cada año, y que permite a los operadores comprar y vender derechos de emisión en un mercado regulado.
El Sistema de Gestión Ambiental de las Importaciones y Exportaciones, que regula el comercio de productos sujetos a restricciones o prohibiciones ambientales, como los residuos peligrosos, los productos químicos tóxicos, los productos que contienen sustancias agotadoras de la capa de ozono, los productos forestales, los productos de vida silvestre, etc.
El Sistema de Etiquetado Ecológico de la Unión Europea (Ecolabel), que es un sistema voluntario de etiquetado ecológico que se aplica a más de 40 categorías de productos y servicios, como electrodomésticos, materiales de construcción, textiles, papel, pinturas, detergentes, cosméticos, alojamientos turísticos, etc., y que establece requisitos de calidad ambiental, eficiencia energética, emisiones, reciclaje, etc.
Entre las medidas multilaterales se destacan las siguientes:
El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que fue ratificado por España en 2016 y que establece el compromiso de contribuir al objetivo global de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C, y de esforzarse por limitarlo a 1,5°C.
El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, que entró en vigor en 2000, y que incluye un capítulo sobre cooperación en materia de medio ambiente, que aborda temas como el cambio climático, la gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad, la calidad del aire, el agua y el suelo, etc.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que es un acuerdo de libre comercio entre 11 países de Asia y el Pacífico, que entró en vigor en 2018, y que contiene un capítulo sobre medio ambiente, que establece obligaciones y compromisos para proteger y mejorar el medio ambiente, prevenir y reducir la contaminación, conservar la biodiversidad, combatir el cambio climático, promover el desarrollo sostenible, etc.
El Acuerdo sobre las Indicaciones Geográficas entre China y la Unión Europea, que entró en vigor en 2021, y que protege 100 indicaciones geográficas europeas y 100 indicaciones geográficas chinas contra las imitaciones y la usurpación de nombre, promoviendo así la calidad y la diversidad de los productos agrícolas y alimentarios, así como el respeto al medio ambiente y a las tradiciones locales.
Los principales desafíos que enfrenta España en materia de regulaciones ambientales en el comercio internacional son los siguientes:
Implementar y cumplir con las regulaciones ambientales de forma efectiva y eficiente, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la supervisión, el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.
Armonizar y actualizar sus normas y estándares ambientales con los de sus socios comerciales, especialmente con los de la Unión Europea, que tiene niveles más altos de exigencia y protección.
Aumentar la participación y la consulta de los actores interesados, como el sector privado, la sociedad civil, las comunidades locales, los expertos y los medios de comunicación, en el diseño, la implementación y la revisión de las regulaciones ambientales.
Promover la cooperación y el diálogo con sus socios comerciales, especialmente con los países en desarrollo, para facilitar el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas, tecnologías y recursos financieros en materia de comercio y medio ambiente.
Fuente: Banco Mundial e Índice de Desempeño Ambiental
Este cuadro muestra que los tres países tienen diferentes niveles de desempeño ambiental, tanto en términos absolutos como relativos, y que enfrentan diferentes retos y oportunidades para mejorar su comercio y su medio ambiente.